El 8 de marzo del año pasado, fue ratificado en Chile el Convenio 190 (C190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta norma internacional surge a raíz de la lucha y organización del sindicalismo, en particular de las mujeres sindicalistas, para establecer el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género, siendo esta la primera normativa internacional en hacerlo.
Por Camila Fuentevilla, Enfermera Universitaria
Directora Nacional, Secretaría de Mujer y Diversidad, CONFEDEPRUS
Dentro de los aspectos a destacar, se amplía el concepto de donde se pueden sufrir/denunciar agresiones, es decir, abarca más que sólo el “lugar o unidad” de trabajo físico y/o trayecto, sino que lo amplía al “mundo del trabajo”: puede ser en espacios públicos, privados, durante eventos o actividades relacionados con el trabajo, incluyendo reuniones fuera de la empresa, cursos de formación, viajes y eventos sociales como fiestas de oficina o paseos, extendiendo de esta manera la protección y la responsabilidad de los empleadores al respecto.
En segundo lugar, el Convenio también establece que, si bien todas las personas pueden ser afectadas por la violencia y al acoso, hay algunas que se encuentran en mayor riesgo, como las mujeres, migrantes, personas con discapacidad, de la comunidad LGTBIQ+, etc. El C190 reconoce que la violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, requiriendo un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género, causas subyacentes y factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género.
Así mismo, esta normativa internacional realza el abordaje de la violencia doméstica como un fenómeno que trasciende lo privado, donde los empleadores también pueden aportar en la prevención, detección, abordaje y reparación de estas situaciones que afectan a 1 de cada 3 mujeres, como reporta la OMS, independiente del grupo económico, racial, cultural o religioso. La relevancia de esta temática se debe a que la violencia sufrida en el hogar, por parejas o exparejas en el lugar de trabajo, impacta en la capacidad de concentración, falta de motivación y ausentismo, generando más dificultades para poder mantener un trabajo, afectando el trabajo, la productividad, la salud y seguridad.
En el área de la salud, hay cercanía con muchos de estos aspectos: se trabaja en largas jornadas (turnos de 12 o 24 horas), en horario nocturno, es un sector feminizado altamente jerarquizado, se ingresa y se finaliza la jornada en horarios de mayor riesgo de circulación, junto con un ambiente laboral donde tan solo en el año 2022 se realizaron 1.632 denuncias por MALS (maltrato, acoso laboral y sexual) a nivel nacional. Además, se han observado múltiples agresiones a funcionarios, particularmente funcionarias, por parte de usuarios. La precarización laboral tampoco es ajena a nuestro sector: basta con recordar a todo el personal de salud a HONORARIOS COVID, que fue desvinculado el año pasado. Todos estos aspectos, además constituyen vulneración de derechos humanos fundamentales.
Por lo tanto, la implementación del C190 y la R206 son claves para un sector que ha sido arduamente golpeado por la pandemia de COVID 19, donde la salud mental, física y psíquica del personal de salud fue intensamente puesta a prueba por varios meses.
Por ello, es clave el rol que cumplen los sindicatos, asociaciones gremiales y colegios profesionales en el seguimiento de la puesta en marcha de esta normativa internacional, cautelando que los ajustes y modificaciones legislativas se realicen correctamente, tanto a nivel de leyes marco como posteriormente en la política nacional salud y seguridad en el trabajo (junto a los respectivos protocolos y reglamentos de cada establecimiento), precisamente porque la creación de ambientes libres de violencia es avanzar en trabajo decente, un desafío imprescindible en el Chile actual.
